privados - concertados, con barreras arquitectónicas?
Ante esta lamentable y discriminatoria situación, cabe preguntar a los responsables
de esos centros educativos:
¿Qué grado de conciencia social y compromiso tienen respecto a este serio problema?
¿Son conscientes de la dificultad y discriminación que supone para un niño con silla de ruedas
el hecho de no poder asistir al colegio o al centro de formación profesional mas cercano a su domicilio
porque las instalaciones son “inaccesibles”?
¿Son conscientes de que una actividad abierta al público y mas aún cuando se trata de un centro educativo,
debe "éticamente" de asumir un compromiso con la “accesibilidad universal” es decir; "un compromiso
de ser accesible para todos” para no generar situaciones de exclusión y discriminación?
¿Entienden que un niño o joven con silla de ruedas u otra discapacidad de movilidad importante
es una persona con similar igualdad de oportunidades y derechos al resto de niños o jóvenes,
y que es preciso contribuir desde todos los ámbitos para que se cumplan esas necesidades
que están reconocidas en la Constitución Española y en la Convención Internacional de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue firmada y ratificada por España?
¿Por qué a pesar de la legislación vigente, las directivas europeas
y la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(firmada y ratificada por España); no inciden con mayor interés en exigir a todos los centros
de enseñanza privados y concertados que eliminen las barreras arquitectónicas en sus instalaciones
en el menor plazo posible?
¿Por qué no aprueban legislaciones mas estrictas y coherentes para que sea posible la adaptación de ese tipo
de edificios de uso público en el menor tiempo posible?
El derecho a la enseñanza, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación;
son derechos fundamentales garantizados por la Constitución Española para “todos los ciudadanos”.
Por ello, desde todos los ámbitos; ciudadanos, responsables de los centros de enseñanza,
poderes públicos y responsables de la administración pública, debemos de comprometernos
conjuntamente muy en serio y con los máximos esfuerzos, para que se cumplan con la mayor brevedad
posible estas necesidades.
Si hemos logrado desde hace ya varios años que en nuestro país todos los centros públicos de enseñanza
sean 100% accesibles, ¿por qué aún siguen existiendo centros de enseñanza privados y concertados
que ignoran ese compromiso con la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de las Personas
con Discapacidad?.
¿Por qué aún algunas normas contemplan fechas límite a muy largo plazo para que esos centros adapten sus instalaciones?
cuando tal cosa implica que durante todos estos años, los niños y jóvenes estudiantes con silla de ruedas
siguen padeciendo discriminación y dificultades para poder acceder a centros educativos próximos
a sus domicilios con la misma igualdad que el resto de niños y jóvenes sin discapacidad?
¿Por qué tanta ambigüedad para que esos centros educativos cumplan su compromiso con la no discriminación
e Igualdad de Oportunidades de los niños y jóvenes con discapacidad?
Resulta preocupante que en la segunda década del Siglo XXI, sigan existiendo en España un importante
número de colegios de educación primaria y secundaria, así como centros académicos e institutos
de formación profesional “privados y concertados” cuyas instalaciones son totalmente inaccesibles para
niños y jóvenes con discapacidad que necesitan desplazarse en silla de ruedas, debido a
barreras arquitectónicas
tales como escalones en las puertas principales de acceso, en pasillos y distintas
dependencias interiores, ausencia de ascensores entre distintas plantas, inexistencia
de aseos adaptados, etc…
Por otro lado cabe preguntar también a los poderes públicos:
Proyecto social pedagógico Abedul. Enero de 2018.
Enrique González Blanco.
Delineante Técnico Especialista de Edificación y Obras.
Usuario de silla de ruedas.
LEGISLACIONES VIGENTES RELACIONADAS CON LA MATERIA:
Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
www.un.org/spanish/disabilities/convention
Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad.
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
Artículo 9. Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás,
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas
y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
se aplicarán, entre otras cosas, a:
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para desarrollar,
promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre
la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
a. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad
para las personas con discapacidad;
b. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a
que se enfrentan las personas con discapacidad;
c. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille
y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Esta norma ha sido aprobada en aplicación de lo previsto en la disposición final segunda de la
Ley 26/2011, de 1 de agosto, para dar cumplimiento en España a los compromisos contenidos en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU). Dicha Convención que fué firmada y ratificada por España y esta en vigor
en nuestro país desde 2008, supone la consagración del enfoque de estos derechos,
considerando a las personas con discapacidad como sujetos titulares y a los poderes públicos
“con la obligación de garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo”.
Artículo 1. Objeto de esta ley.
Esta ley tiene por objeto:
a)Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato,
así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas,
a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal,
del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente
y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los
artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones
básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta ley se entiende por:
a) Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
b) Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,
por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio
en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral,
cultural, civil o de otro tipo.
Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas
de acción positiva.
c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando
es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón
de su discapacidad.
d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria,
una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio
o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros,
puedan ocasionar una
desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad,
siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución
de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
e) Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se integra
es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón
de discapacidad.
g) Medidas de acción positiva: son aquellas de carácter específico consistentes en evitar
o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr
la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos
de la vida política, económica, social, educativa, laboral y
cultural, atendiendo a los diferentes
tipos y grados de discapacidad.
h) Vida independiente: es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce
el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad,
conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
i) Normalización: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben
poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos,
bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
j) Inclusión social: es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos
orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas
con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política,
económica, social, educativa, laboral y cultural,
y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad
con los demás.
k) Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos,
para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal
o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables
que deban adoptarse.
l) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que
se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos,
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas
las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando lo necesiten.
m) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico,
social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz
y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
Artículo 3. Principios.
Los principios de esta ley serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
b) La vida independiente.
c) La no discriminación.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La igualdad entre mujeres y hombres.
g) La normalización.
h) La accesibilidad universal.
i) Diseño universal o diseño para todas las personas.
j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
k) El diálogo civil.
l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y en especial de las niñas y los niños
con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal.
Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación
y la accesibilidad universal se aplicarán, además de a los derechos regulados en el Título I,
en los ámbitos siguientes:
a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y
edificación.
c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con las administraciones públicas.
f) Administración de justicia.
g) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto
en la legislación de patrimonio histórico.
h) Empleo.
Artículo 7. Derecho a la igualdad.
1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás
ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
2. Para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones
públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad
de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo
en todos los ámbitos de la vida.
3. Las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos
de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud,
empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación,
información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación
en los asuntos públicos, en los términos previstos en este Título y demás normativa que sea de aplicación.
4. Asimismo, las administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa
a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables a la discriminación múltiple
como las niñas, niños y mujeres con discapacidad, mayores con discapacidad, mujeres con discapacidad
víctimas de violencia de género, personas con pluridiscapacidad u otras personas
con discapacidad integrantes de minorías.
Artículo 18. Contenido del derecho.
CAPÍTULO IV - Derecho a la educación
1. Las personas con discapacidad tienen
derecho a una educación inclusiva,
de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás.
2. Corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo
inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la vida
y garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica,
prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad,
mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de quienes precisen
una atención especial de aprendizaje o de inclusión.
3. La escolarización de este alumnado
en centros de educación especial
o unidades sustitutorias de los mismos SOLO se llevará a cabo cuando excepcionalmente
sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad
de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales.
Artículo 21. Valoración de las necesidades educativas.
1. Son funciones específicas de los servicios de orientación educativa apoyar a los centros docentes
en el proceso hacia la inclusión y, especialmente, en las funciones de orientación, evaluación
e intervención educativa, contribuyendo a la dinamización pedagógica, a la calidad y la innovación educativa.
2. A efectos de la participación en el control y gestión de los centros docentes previsto
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de educación, se tendrá en cuenta la especialidad de esta ley en lo que se refiere a los servicios
de orientación educativa.
Artículo 22. Accesibilidad.
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas
y a las entidades locales, regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad.
Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones
impuestas, y abarcará a todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el artículo 5.
2. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o área,
medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades.
Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:
a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos,
equipos y tecnologías,
y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras
a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos, así como la apropiada señalización en los mismos.
b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito
o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.
c) Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo,
servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas
de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación,
como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso,
sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil
y otros dispositivos que permitan la comunicación.
d) La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan
y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación
a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables.
e) Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad
y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.
f) Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad
y la no discriminación en el ámbito de que se trate.
Artículo 29. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado,
suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito
de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes,
al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,
evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad.
2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación,
incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección
no venga determinada por su discapacidad.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles
las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas
por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados, proporcionados y necesarios.
4. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad serán exigibles
en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.
No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles
para todos los bienes y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos
previstos en la disposición adicional tercera.2.
5. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,
el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad
a bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista
de la no discriminación y accesibilidad universal.
